·         Para la Asociación, los procesos de caducidad de licencias abiertos en los últimos días supondrán elevadas pérdidas para particulares, constructores y el propio Ayuntamiento.

·         Se señala directamente a los dos "comisarios políticos" de Urbanismo, Juan Carlos Prado del Valle e Hipólito Pérez Novo.

ASCEGA celebró hoy una rueda de prensa para manifestar su profundo desacuerdo con los expedientes de caducidad de licencias tramitados en los últimos días por el Concello de A Coruña y explicar las consecuencias negativas que este "delirio ideológico" traerá para la ciudad.

En el acto el presidente de la Asociación, Alfonso Salazar, estuvo flanqueado por su vicepresidente, Alberto Paz, y el asociado y abogado experto en urbanismo, Mariano Sánchez-Brunete. El primero recordó que esta medida perjudica directamente a un sector como el de la construcción que ha sido el gran damnificado en los años de crisis y se suma a la "parálisis y la lentitud" en la concesión de licencias.

Salazar acusa directamente a Xulio Ferreiro de "decidir que el sector permanezca paralizado en perjuicio de la ciudad y sus habitantes". Además, culpabiliza de la situación actual a los "comisarios políticos que ha colocado el alcalde" en la Concejalía de Urbanismo, Juan Carlos Prado del Valle e Hipólito Pérez Novo, que "no contentos con paralizar la ciudad con su lentitud han decidido convertirla en la sede de la inseguridad jurídica con el único afán de hacer daño".

Por su parte, Sánchez-Brunete explicó que la normativa exige que para la tramitación de la caducidad de licencias debe haber "evidentes y claros propósitos del sujeto, que permanece inactivo, de abandonar o desistir de su intención a edificar y el retraso debe ser indefinido e injustificado". En el caso coruñés, relata, "lo alarmante es que las obras estaban en plena ejecución y sus promotores estaban en condiciones de terminarlas pero el Ayuntamiento se lo impide".

El abogado y el vicepresidente de ASCEGA, Alberto Paz, coincidieron en una reflexión: "¿Y si el Concello pretende dejar a los promotores sin salida para justificar la expropiación y comenzar ellos a construir viviendas?".

En el caso de Náutica, se verán afectadas 167 viviendas y Sánchez-Brunete recordó que algunos particulares ya han "invertido su dinero en ellas y seguramente lleven este asunto a juicio". Por lo tanto, "si consiguiesen que el juzgado revocase las declaraciones de caducidad el Ayuntamiento  tendría que indemnizar a los afectados con el dinero de todos", sentenció.    

En esta rueda de prensa ASCEGA manifestó su apoyo a todas las pequeñas y medianas empresas que rodean al sector de la construcción y exigió a Xulio Ferreiro "respeto a los que todos los días se juegan su dinero, a la iniciativa privada, a los ciudadanos y a los 20.000 parados que no tienen la suerte de vivir de un sueldo público". 

Repercusión en medios:

  • Radio Galega:

  • Onda Cero:

  • Televisión de Galicia:

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  • La Opinión de A Coruña:

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  • Noticiero de Arteixo:

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  •  La Voz de Galicia:

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  • El Ideal Gallego:

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  • Cadena Cope:

Del minuto 09:50 - 22:40 entrevista a Alfonso Salazar.

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