Recientemente y a través de la Ley 16/2012de 27 de diciembre, se aprobaron una serie de medidas tributarias y entre ellas la actualización de balances, tanto para personas físicas como para personas jurídicas.

Es una norma compleja y de dudosa conveniencia, sujetos pasivos que pueden acogerse a esta actualización son los sujetos al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que lleven contabilidad o estén obligados a llevar libros registros por su actividad económica y que dichos bienes estén afectos  y los no residentes con establecimiento permanente.

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En este país y hasta el 31-12-2012 la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y también sobre el de la Renta de no Residentes, establecía la exención para los premios de Loterías y Apuestas del Estado, de las Comunidades Autónomas, de Cruz Roja Española y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para los contribuyentes sujetos a este impuesto. También estaban exentos los premios organizados por otros estados de la Unión Europea organizados por organismos o entidades que persigan objetivos idénticos. No así para personas jurídicas que sí tributaban.

Pues bien, eso se acabó, la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, establece un nuevo gravamen sobre determinados premios, que tiene incidencia en los tres principales impuestos directos de nuestro sistema tributario, los anteriormente nombrados y además el Impuesto sobre Sociedades.

Lo establecido en esta Ley es para los premios obtenidos a partir del uno de enero de 2013, no los premiados en 2012 y cobrados en 2013.

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Con motivo de la entrada en vigor de La Ley 7/2012, de 29 de octubre, que modifica  la normativa tributaria y presupuestaria y procede a la  adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, introduciendo  una nueva letra f) en el artículo 84.Uno.2º de la Ley del IVA, me gustaría hacer el siguiente comentario para intentar si cabe, aclarar el motivo y las repercusiones de dichos cambios.
Se trata  de regular, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley, un nuevo supuesto de inversión del sujeto pasivo para luchar contra situaciones de fraude y/o elusión del pago del IVA, en las ejecuciones de obra.

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