En los últimos años vienen proliferando establecimientos y lugares de celebración de bodas y banquetes, especialmente en entornos de medio rural  y en instalaciones tipo Pazos y edificaciones singulares, que si bien en apariencia satisfacen los deseos y las tendencias de personalización demandadas por los novios, en muchos casos no satisfacen los estándares de legalidad aplicables, convirtiéndose en un claro foco de riesgo para los usuarios de este tipo de servicios (novios, familiares e invitados), al carecer de licencias y permisos, y un foco de ilegalidad que amenaza severamente la competencia en este mercado de actividad.

Y todo ello ante la pasividad de las administraciones públicas, que miran para otro lado obviando el grave riesgo que para los clientes de estos servicios supone la prestación de los mismos de manera ilegal o irregular, estando en juego en no pocas ocasiones la seguridad (jurídica y operacional) de los usuarios de este tipo de servicios, constituyendo además en cualquier caso un fraude y una competencia desleal en toda regla, para aquellas empresas y profesionales que respetan y cumplen el ordenamiento legal aplicable.

En esta actividad se encuentran implicadas cuestiones tan relevantes como la sanidad alimentaria, la seguridad técnica de las instalaciones y de los establecimientos que dan cobertura a estos eventos, la ausencia de cobertura obligatoria de responsabilidades civiles, y como colofón la contaminación de esta tendencia incumplidora por parte de las empresas, al ámbito de la legalidad laboral, del impago a proveedores y las irregularidades fiscales.

Los casos más frecuentes que se presentan son:

- Edificaciones no legalizadas adecuadamente en materia urbanística y del suelo y en muchos de los casos ilegalizables, que en cualquier caso carecen de licencia o permiso alguno para realizar la actividad, lo que implica además que las instalaciones tampoco se encuentran legalizadas y que incumplen las medidas de seguridad necesarias (planes de evacuación y de prevención de riesgos laborales, extintores, etc.).

- Instalaciones de cocina y sanitarias no autorizadas (sanidad alimentaria)

- Ausencia de cobertura de seguros de responsabilidad civil exigida por la normativa - 150.000 €  + 400.000 € (hasta 300 personas de aforo) – o incluso disponiendo de dichas coberturas existe la posibilidad de que la compañía se niegue a cubrir los riesgos al realizarse la actividad de manera irregular o ilegal.

- Incumplimiento de horarios y de la normativa sobre protección de los derechos de usuarios y consumidores.

En este contexto, ASCEGA  ha puesto en conocimiento de las Administraciones Públicas competentes, Xunta de Galicia y Ayuntamientos, esta situación para que se supervise y controle la misma, detallando en el cuadro anexo las actuaciones llevadas hasta la fecha.

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